En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, expuso casos de jueces y magistrados del Poder Judicial que liberan en fines de semana a delincuentes ingresados a penales federales por delitos graves.
Al respecto, el jefe del Ejecutivo sostuvo que “esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y el fin de semana 192? ¿Cómo se explica eso? Ya esto es en sí una denuncia y es corrupción”.
De acuerdo con datos de la SSPC se tienen documentados 250 casos de liberación exprés. Entre 2018 y 2024 suman 192 personas privadas de la libertad beneficiadas durante los fines de semana, siendo 2019 el año de más liberaciones con 83 casos. En lo que va de 2024 se han registrado 21 hechos de este tipo. Durante el mismo periodo, 58 delincuentes obtuvieron su libertad de lunes a jueves.
“Fíjense cómo ha venido cambiando afortunadamente 2023 y 2024 porque estamos aquí hablando del tema, pero antes era el mundo del anonimato, todo era clandestino, no se sabía nada”, agregó el mandatario.
Las personas privadas de la libertad enfrentaban cargos por delitos como homicidio doloso, secuestro, extorsión, narcotráfico, tráfico de personas, delincuencia organizada, robo con violencia, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y robo de hidrocarburos.
“Todos tenemos que buscar una sociedad mejor y, además, nos conviene a todos. Duele mucho cuando asesinan a una persona —más si se trata de un inocente— y que al poco tiempo, el que cometió el delito ya está en la calle”, expresó el presidente.
El subsecretario detalló que este mecanismo, conocido como ‘Sabadazo’, facilita la salida de personas privadas de la libertad entre viernes y domingo porque las autoridades no pueden hacer una revisión exhaustiva en un plazo de horas fijado por jueces y magistrados sobre otras carpetas de investigación o causas del acusado en las fiscalías estatales.
Durante el informe Cero Impunidad, el general Rodríguez Bucio dio a conocer 25 ejemplos de personas privadas de la libertad favorecidas por integrantes del Poder Judicial.
Por su relevancia destaca el del juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández, quien facilitó la salida de Jannet Miriam “N”, colaboradora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Se le acusó de peculado y delincuencia organizada; el motivo de su egreso fue el cambio de medida cautelar de prisión preventiva y obtuvo la libertad inmediatamente el viernes 14 de junio de 2024 en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 en Morelos.
Otra situación de corrupción fue el de la jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, otorgó la libertad a Itiel “N”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, acusado del homicidio de un diputado local en Veracruz en 2019. La causa del egreso fue auto de no vinculación a proceso; la fecha de notificación de egreso fue el sábado 3 de junio de 2023 y dejó el Centro Penitenciario Federal No. 18 en Coahuila el domingo 4 de junio de 2023.
El juez de distrito Daniel Ramírez Peña, en su carácter de juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, benefició a Angélica “N”, presunta operadora financiera en el Cártel de Santa Rosa de Lima y acusada de delincuencia organizada. El motivo de la libertad fue cambio de medida cautelar. La fecha de notificación de egreso fue el viernes 28 de abril de 2023 y salió del Centro Federal de Readaptación Social No. 16 en Morelos el sábado 29 de abril de 2023.
Bajo las políticas de cero corrupción y cero impunidad contra la delincuencia organizada y de cuello blanco, el presidente López Obrador recordó 13 casos de defraudación fiscal protegidos en el Poder Judicial, que significan una afectación a la Hacienda Pública por 129 mil 185 millones de pesos.
Entre la fecha de envío del caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el día de audiencia inicial otorgada por el Poder Judicial, el retraso procesal suma 159 días en promedio, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Poder Judicial a efectuar el trámite en un plazo máximo de 15 días a partir de la solicitud de judicialización, explicó.
Recordó el ejemplo de una empresa chatarrera que debe a la Hacienda Pública 19 mil 860 millones de pesos, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El caso lleva más de 700 días sin fecha de audiencia, desde el 9 de agosto de 2022 hasta la fecha.
“No estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del gobierno, que al final de cuentas, sería en beneficio del pueblo porque eso es dinero del pueblo. Si se recupera, va al presupuesto y el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. (…) Lo que estamos pidiendo es: actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico Estado de derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia”, argumentó.
El jefe del Ejecutivo llamó a “que todos ayudemos cuando menos denunciándolo porque esto es lo que va a permitir que las cosas realmente cambien en nuestro país”.
